Una mecha llamada Blanco
El Supremo archiva la causa contra Blanco. No ha habido delito de tráfico de influencias. Por mucho que el juez instructor y el fiscal opinen que sí. Por mucho que las grabaciones telefónicas y los SMS capturados sean unos de los ejemplos más obscenos de mediación de un cargo público que nadie haya escuchado y visto jamás.
Fin del caso. ¿Seguro? Lo dudo bastante. Porque por mucho que el PSOE intente convertir el auto en una prueba de la inocencia de Blanco, la decisión judicial que archiva la causa no ha podido ni tan siquiera cuestionar los hechos por los que fue imputado el ex ministro de Fomento. Ni pone en duda que Blanco usase su cargo para realizar gestiones ante el Ayuntamiento de Sant Boi en favor de la empresa de su amigo Orozco, ni cuestiona que el signo de los informes municipales variase una vez conseguida la mediación con el alcalde y a pesar de los impedimentos medioambientales detectados.
Es decir, que confirmados unos hechos merecedores de la más absoluta crítica lógica y social, el Supremo ha considerado que la conducta de Blanco no encaja en el tipo penal del delito de tráfico de influencias, motivo por el que no debe ser castigado. Una postura que no devolverá el crédito político a Blanco y que, sin embargo, tumbará aún más el de la Justicia, ante la creciente sensación de contar con unos tribunales al servicio de los políticos. Una de las peores evidencias en un momento en el que, con 616 casos de corrupción política judicializados y un país arruinado por el derroche público, la población pide un castigo ejemplar para todos aquellos que han vulnerado desde sus cargos políticos la frontera de la legalidad.
La mecha prendida con este auto se dejará notar en el futuro. Porque no sólo vacía de contenido el delito de tráfico de influencias, sino que hará muy difícil a partir de ahora la condena a cualquier político, sea del partido que sea, acusado de favorecer a determinadas empresas.
No dudo de que hoy sean muchos los políticos que abracen con euforia el auto del Supremo. Pero, en su inconsciencia, serán precisamente ellos, y no ningún periodista, los responsables de disparar el creciente clima de impunidad política y de desapego de la sociedad hacia los partidos. Un clima que puede llevar a España a una situación que no deseamos ninguno de quienes creemos en el estado de Derecho.